Alcanzar más calidad en el medio ambiente y más protección de la salud humana, garantizar un uso prudente y racional de los recursos naturales y promover una economía más circular son las finalidades del Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears que ha salido a exposición pública, pionero en la comunidad autónoma y que establece unos objetivos en la línea de lo que marca la Unión Europea, como es la reducción de un 10% de los residuos generados con vistas al 2020 y de un 20% con vistas al 2030.
Para acabar con una problemática que causa estragos ambientales, como es el abandono de residuos en el medio natural, la normativa establece una serie de acciones que implican a toda la sociedad. Así, las bolsas de plástico de un solo uso tendrán que desaparecer de los comercios en el 2019. Un año después, en el 2020, las cápsulas de café de un solo uso, las vajillas de plástico de usar y tirar, las pajitas para bebidas, los bastoncillos de las orejas y los bastoncillos para caramelos tendrán que sustituirse por otros fabricados con materiales compostables. También se deberá evitar la venta de productos que contengan microplásticos o nanoplásticos y las versiones no recargables de mecheros, maquinillas de afeitar, cartuchos y tóneres de impresora y fotocopiadora. Además, los fabricantes o distribuidores de toallitas húmedas tendrán que incorporar información sobre los efectos de estos productos en el medio ambiente.
El espíritu de la ley es incidir en la jerarquía de residuos y, por lo tanto, potenciar en primer término la reducción de la producción de los residuos, la preparación para la reutilización y el reciclaje. Por esto, la normativa fomenta la recogida separada de residuos en origen, que tendrán que asumir todos los establecimientos públicos y privados y los entes locales en un plazo de dos años; en este contexto, se deberá ofrecer la recogida diferenciada de materia orgánica compostable, aceite vegetal usado, residuos textiles y residuos peligrosos.
Se crea el Registro de producción y gestión de residuos de las Illes Balears, de manera que los productores estarán obligados a elaborar y enviar al Govern un estudio de minimización en la producción de residuos cada cuatro años, a excepción de los que generen menos de 10 toneladas por año.
El régimen de sanciones aplicables es el que regula la legislación básica del Estado en materia de residuos y suelos contaminados, a excepción de las multas, que van desde 300 euros hasta 9.000 euros por las infracciones leves, hasta 300.000 euros por las infracciones graves y hasta 1.750.000 euros por las infracciones muy graves.
Desde Adalmo estamos atentos a cualquier cambio en la normativa que pueda afectar a nuestros clientes, asesorándoles sobre sus obligaciones en materia de gestión de residuos.